El Ayuntamiento de Miño aprobó el pliego de condiciones y la readjudicación a Martinsa Fadesa de Costa Miño Golf. Con esta decisión, el gobierno local pretende dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que, con fecha de 19 de  julio de 2010, rechaza el recurso de casación interpuesto por la administración municipal contra un fallo del TSXG, de 10 de marzo de 2006, que estimaba parcialmente el recurso de los afectados expropiados contra determinadas resoluciones dictadas en relación con el sector de suelo urbanizable 1 del PGOM. El dictamen declara nulos el sistema de actuación, el pliego de cláusulas administrativas y la adjudicación al Grupo Fadesa.
El alcalde, Juan Maceiras, insistió, durante la sesión extraordinaria celebrada ayer para debatir el asunto, en la existencia de un informe jurídico elaborado por técnicos de la Diputación de A Coruña en que recomienda la “readjudicación” para justificar una decisión que para el PSOE “es la menos conveniente ante un tema de tal calado”, manifestó el portavoz socialista, Manuel Vázquez.
La oposición, cuyos representantes solicitaron que el asunto quedara sobre la mesa, calificó de “loca huida hace delante” lo que consideran “una convalidación de acuerdos declarados nulos por los tribunales”. En este sentido, para el PSdeG-PSOE, la decisión más adecuada debería pasar por la negociación con los afectados.

Justificaciones > Vázquez, que acusó al equipo de gobierno y a los asesores jurídico y urbanístico de “llevar al Concello de Miño a un callejón sin salida”, criticó que Maceiras y sus colaboradores “vuelvan a utilizar los mismos argumentos esgrimidos con anterioridad, y que ya fueron juzgados” y que, una vez más, no cuenten con los afectados por el desarrollo del ámbito, que son los expropiados y los compradores de las viviendas.
En la misma línea, los socialistas advierten de que las consecuencias de la sentencia judiciales son “enormemente negativas para el pueblo”, ya que el consistorio pasa a ser el propietario del ámbito y, en consecuencia, debe asumir responsabilidades económicas.

Reclamaciones > La oposición también llamó la atención sobre la decisión de Martinsa Fadesa de reclamar al Ayuntamiento de Miño un importe cercano a los 70 millones de euros, a los que se suman los 30 millones que todavía se adeudan a los expropiados en concepto de justiprecio.
Vázquez manifestó ayer que sus compañeros llevan años avisando a Maceiras y a sus concejales que “este momento llegaría” y que escuchase a los vecinos. “En septiembre de 2008, incluso se solicitó un pleno extraordinario para tratar de paliar los daños y exigir a Fadesa los avales necesarios para prever una sentencia en contra”, concluyó Manuel Vázquez Faraldo, molesto con la actitud del PP.